El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, está acostumbrado a insultar a los ciudadanos, unas veces con medias verdades y otras con mentiras descabelladas, sobre cualquier asunto relacionado con la lucha de este Ejecutivo contra el terrorismo de ETA; pero, ayer, cuando dijo que es difícil de conseguir pruebas contra los terroristas callejeros, alcanzó el grado máximo de la desvergüenza. No es necesario ser muy avispado para saber que existen materiales por todas partes susceptibles de convertirse en pruebas contra los terroristas; por ejemplo, bastaría tomar las imágenes que salen en televisión de individuos cometiendo actos vandálicos, exhibiendo pancartas a favor de ETA y gritando consignas contra la democracia para incriminar a cientos de terroristas.
Si Pérez Rubalcaba persiste en la desvergüenza de mantener que es complicado conseguir pruebas contra los filoetarras, tiene la obligación de preguntar a los encargados de la lucha antiterrorista del anterior Gobierno qué y cómo hacían para que el terrorismo callejero estuviera arrinconado. Este tipo de declaración es, obviamente, un insulto a la inteligencia ciudadana y al quehacer cotidiano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero, sobre todo, mueve a la sospecha sobre qué hace este Gobierno, si es que hace algo, para combatir el terrorismo callejero. Más aún, ¿no será que el ministro del Interior no se enfrenta de verdad con el terrorismo callejero porque la negociación entre el Gobierno y ETA prosigue, hoy, con distintos parámetros a los pactados hace unos meses? He ahí la sospechosa pregunta que todo analista político tiene la obligación de hacer ante este tipo de miserable declaración, grosera mentira de Pérez Rubalcaba, que simula que el Gobierno combate a ETA.
Sospechar que la negociación entre el Gobierno y ETA prosigue con otros moldes policiales y otras retóricas ideológicas, lejos de ser una presunción descabellada, surge tanto de este tipo de mentiras a lo Pérez Rubalcaba como de la inacción del Gobierno ante el vandalismo de ETA en las calles contra los ciudadanos de a pie o contra los ediles del PP... Patético ejemplo es el de los concejales del PP de Bilbao saliendo a escondidas del ayuntamiento ante las amenazas de los etarras.
La plausibilidad de que la negociación entre el Gobierno y ETA aún no ha terminado, o sea, continúa por vías que desconocemos los ciudadanos, podría llevarnos a preguntar sobre las condiciones y razones de la ruptura del proceso negociador, entre las que cabría hablar de una "ruptura pactada". ¿Por qué no sospechar de una ruptura pactada como en su día lo estuvo el alto el fuego? Tampoco parece que este planteamiento sea descabellado. Sin embargo, tiendo a pensar que hay mucha distancia entre creer que la "negociación sigue" y sospechar que la "ruptura fue pactada". Sin entrar en la valoración moral de la segunda posición, a todas luces condenable por su inmoralidad y crueldad, creo que el Gobierno no ha caído en ella, sencillamente, porque no tiene poder alguno sobre ETA. En efecto, mientras que al Gobierno le resulta fácil continuar la negociación con ETA, al fin y al cabo es la principal y casi única política que ha tenido en los últimos tres años, la ruptura pactada implicaría algún control del Gobierno sobre el proceso. Pero, tal y como se desarrolla el terrorismo callejero, soy de la opinión que el Gobierno es rehén de ETA y no al revés. Tiempo al tiempo.
